«Los hombres más limpios, para los trabajos más sucios». Puede parecer un contrasentido, pero tiene una explicación. El terrorismo de Estado, del que hoy hablamos, exige que los ejecutores sean lo más íntegros posible y con altos valores. No se trata de atacar a tus enemigos con mercenarios impulsados exclusivamente por dinero, que puedan traicionarte si encuentran un postor mejor o si su situación personal puede deteriorarse. Es imprescindible tener unos altos valores que te lleven a defender a tu país si tienes la mala suerte de que te pillen. Precisamente lo contrario a lo que ocurrió con los GAL, el grupo diseñado por miembros del Gobierno de Felipe González, que utilizó mercenarios y policías, poco de fiar. Gracias a las investigaciones periodísticas, el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de Estado, Rafael Vera, fueron condenados a prisión.
En 2025 se cumplen 30 años de otra operación de terrorismo de Estado ocurrida en Francia, ordenada también por miembros del gobierno francés y montada y ejecutada por su servicio secreto con la misma mala suerte que la española de la lucha contra ETA. Los resultados, parecidos, sirven para explicar lo que es el terrorismo de Estado.
Nueva Zelanda busca a los atacantes
La organización Greenpeace comenzó a adquirir notoriedad en los años 80 por la persecución a que fue sometida por las grandes potencias para evitar que cumpliera sus fines de preservar el medio ambiente y la defensa de la naturaleza. En 1995, tuvo lugar el hecho más grave de toda su larga historia. Habían emprendido una campaña en contra de los ensayos nucleares que Francia iba a llevar a cabo en el atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa. Con ese fin, el 10 de julio de 1985 –hace ahora 40 años–, estaba anclado su buque Rainbow Warrior –guerrero del arco iris– en el puerto de Auckland, en Nueva Zelanda.
A medianoche, los 13 tripulantes estaban celebrando un cumpleaños en cubierta cuando estalló una bomba. 12 de ellos salieron prácticamente indemnes, pero el fotógrafo Fernando Pereira, que estaba en el interior del barco, perdió la vida.
El malestar de las autoridades neozelandesas fue mayúsculo. Alguien muy poderoso había decidido sabotear la protesta cargándose el barco, aunque todo se agravaba por el daño colateral del asesinato de uno de los miembros de Greenpeace. Sospecharon desde el primer momento del gobierno francés, aunque las pruebas incriminatorias eran escasas: dos bombas anónimas colocadas bajo la línea de flotación del navío.
Por suerte, para Greenpeace, las autoridades de Nueva Zelanda calificaron el ataque terrorista como una forma de inmiscuirse en su soberanía y desplegaron todos los medios a su alcance para identificar a los culpables. Una misión dirigida por su servicio secreto en colaboración con sus amigos del inglés MI6.
Detenidos agentes del espionaje francés
Dos días después del atentado, un matrimonio de buceadores franceses, Alain y Sophie Turenge, fueron detenidos. Negaron con convicción su participación. Dos semanas después, los interrogadores los dejaron en evidencia: su auténtica identidad era Dominique Prieur y Alain Mafart, agentes operativos de la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE), el espionaje francés.
Siguieron otros descubrimientos. Un velero llamado Ouvea, que había partido de Auckland el día anterior al atentado, fue retenido en una escala que realizó en Australia. Los tripulantes fueron interrogados e identificados: Xavier Maniquet, un oficial retirado de la Armada, y los suboficiales Roland Verge, Jean-Michel Berthelot y Eric Audrenc, agentes operativos de la DGSE, especialistas en buceo, como sus dos compañeros detenidos en Nueva Zelanda.
Otros dos miembros del comando fueron descubiertos en los días siguientes. Cristine Huguette Cabon se había infiltrado en Greenpeace para robar la información de sus actividades en Nueva Zelanda. Y Jean Claude Lesquer, jefe del comando, había actuado por libre. Los dos estaban en paradero desconocido tras abandonar precipitadamente Nueva Zelanda.
Todo apuntaba a que el enigma de la autoría señalaba con su dedo acusador al gobierno francés, un caso típico de terrorismo de Estado. El presidente Laurent Fabius interrumpió sus vacaciones de verano y se puso al frente de la manifestación para identificar a los culpables. Estaba indignado y admitió que quizás alguien había actuado sin su consentimiento. Buscó a una persona de prestigio para que realizara una investigación independiente. El elegido fue Bernard Tricot, que gozó de libertad para interrogar a quien quiso y emitió un informe exculpatorio para el servicio secreto. Especificaba que el presidente de la república, François Mitterrand, y el jefe del Gobierno, Fabius, se enteraron de los hechos una semana después de producirse.
Conjurarse para mentir
Pero Tricot era un perro viejo. Redactó sus conclusiones especificando lo que le habían contado, por improbable que pareciera, aunque hizo una salvedad: existía la posibilidad de que todos los interrogados se hubieran conjurado para mentirle.
Esas mentiras no salieron a la luz hasta el 17 de septiembre. Le Monde desveló con pruebas lo evidente: había sido una operación del servicio secreto. Mitterrand reaccionó y exigió a Fabius que hiciera una limpieza. El jefe del espionaje fue cesado, según se contó, por negarse a explicar algunas de sus actuaciones. Le siguió el ministro de Defensa, Charles Hernú, por ser el responsable político, no por haber conocido la misión contra el barco de Greenpeace. Fabius terminó reconociendo que había sido una operación de la DGSE y que habían desaparecido papeles importantes en el servicio secreto.
El falso matrimonio fue condenado en Nueva Zelanda a diez años de prisión por homicidio involuntario e incendio criminal. Una condena menor a la esperada gracias a que finalmente reconocieron ser agentes operativos. Tres años después, los dos regresaron a Francia. Jean Claude Lesquer, el jefe del comando, fue ascendido tiempo después a general, no le perjudicó su participación activa en el atentado. El resto de los espías implicados se perdieron en las sombras.
El enigma sobre si el gobierno francés montó la operación nunca se ha resuelto. Primero lo negaron todo, después aceptaron que fue un montaje de su servicio secreto, luego obligaron a dimitir a un ministro para hacer de cortafuegos, y finalmente se ampararon en la desaparición de los papeles secretos que debían especificar la responsabilidad de quien encargó el atentado.
Si todo hubiera sucedido sin la responsabilidad de Mitterrand y Fabius, el ataque contra Greenpeace habría sido una decisión del espionaje contra un enemigo llamado Greenpeace. Si la DGSE tenía esa autonomía, que Dios pille confesado al pueblo francés. Aunque, quizás, el gobierno lo sabía todo. Eso es el terrorismo de Estado.