La política energética debe ser una decisión de Estado, no de partido; y su planificación ha de responder a criterios técnicos de disponibilidad y eficiencia, no a factores ideológicos. La política energética debe basarse en asegurar el suministro en todo momento y lugar del territorio nacional, a unos precios lo más bajos posible. Esta disponibilidad de energía barata va a influir significativamente, tanto en la actividad productiva mejorando la competitividad de nuestras empresas, así como en la calidad de la vida cotidiana de las personas.
Para garantizar el abastecimiento de energía resulta fundamental diversificar las fuentes de suministros. Hay que conseguir un alto grado de autoabastecimiento nacional por razones estratégicas. Se debe reducir la dependencia externa, para evitar problemas en caso de conflicto en los mercados internacionales, como ha ocurrido recientemente con el gas ruso; sin embargo, España depende de hidrocarburos que proceden casi en su totalidad del exterior. Para evitar esta vulnerabilidad, parece lógico seguir potenciando las energías renovables, la energía nuclear, y no derribar más presas.
La electrificación de la sociedad, como se acaba de poner de manifiesto con el reciente apagón general, es alta y creciente para su mayor facilidad de uso y limpieza frente a otras energías finales, como el fuel o el carbón. Sin embargo, desde el punto de vista técnico presenta grandes problemas, derivados de que el consumo de electricidad es irregular a lo largo del día y del año, de que la electricidad no se puede almacenar y que la incorporación de las centrales al sistema de distribución es complicada. Es necesario mantener constante la tensión, para evitar fluctuaciones, que provocan la desconexión de las centrales y, por tanto, la caída de la oferta, como sucedió con el nivel 0, el pasado día 28 de abril.
Por todos estos motivos es fundamental establecer unos criterios que permitan optimizar los resultados, y evitar los altos costes vinculados a la escasez de energía, o al colapso del sistema.
En primer lugar, resulta necesario explorar nuestros recursos energéticos para poder evaluar nuestro potencial y la disponibilidad futura de los mismos para producir electricidad. España podría tener reservas propias de gas natural si se confirmase la existencia de recursos en el páramo de Masa, que se podrían extraer, mediante la técnica de fracking, prohibida actualmente en España, en un paraje completamente deshabitado. También, resulta prioritario el poder explotar nuestros recursos energéticos minerales; España posee unas reservas de uranio de más de 30.000 T, lo que nos sitúa en el segundo lugar de Europa; sin embargo, el Gobierno no permite la explotación de la mina de Ciudad Rodrigo.
«Las energías firmes son fundamentales para evitar desconexiones no deseadas»
En el mix necesario para producir energía eléctrica hay que tener presente la disponibilidad de energías firmes, que garanticen la producción cuando se las necesite, como la hidráulica natural y reversible, el ciclo combinado y las centrales nucleares. La energía fotovoltaica y la eólica, dependen de las condiciones meteorológicas, y en el mejor de los casos no pueden funcionar más de 1.900 horas al año, frente a las nucleares, que pueden operar más de 7.200 horas anuales. Además, las energías firmes son fundamentales para garantizar una tensión equilibrada en la distribución de energía eléctrica y evitar desconexiones no deseadas.
La energía debe ser lo más barata posible para favorecer la localización de actividad productiva y para incrementar la competitividad de la mayor parte de las empresas españolas, si bien con mayor o menos intensidad, todas dependen de la energía eléctrica.
Asimismo, es fundamental garantizar un desarrollo sostenible como equilibrio necesario entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente, para lo que se necesitan energías limpias y eficientes.
Por tanto, una planificación energética coherente y técnica tiene grandes retos a corto, medio y largo plazo. Posiblemente, lo más urgente es mejorar el mantenimiento de la red de alta tensión, aumentar las interconexiones y alargar la vida útil de las centrales nucleares españolas.
«El cierre definitivo de la Central de Almaraz, con tan solo 44 años de vida, es un error estratégico que debería evitarse»
En los próximos meses se inicia el proceso de cierre definitivo de la Central de Almaraz, con tan solo 44 años de vida; un error estratégico que debería evitarse. La necesidad de disponer de una energía de base, firme, limpia y rentable está potenciando la energía nuclear de fusión en la mayoría de los países importantes del mundo.
Actualmente, se encuentran en operación 450 centrales nucleares en 30 países del mundo que representan una potencia instalada de 420 Gigavatios. A 139 de éstas se les ha alargado su vida útil a 60 años, y a nueve centrales se le ha alargado hasta los 80 años, como es el caso de la gemela de Almaraz.
EEUU con 93, Francia con 56 y China 55, son los países líderes que cuentan con mayor número de centrales nucleares de fisión en operación; resultando Francia el país en términos relativos más nuclearizado, puesto que el 69% de su energía eléctrica es de origen atómico. Además, 62 centrales más se encuentran actualmente en construcción en 19 países. Durante el pasado año, según AIE, la potencia nuclear en el mundo aumentó en 7.000 ME, un 33% más que en 2023. La energía nuclear tiene la calificación de «energía verde, de actividades en transición», desde el 1 de enero del 2023, tras la aprobación de La Comisión Europea y la validación del Consejo de Europa. Con estos datos, es claro que España camina en dirección contraria al resto del mundo.
En nuestro país han llegado a operar diez centrales nucleares, y en la actualidad, tras el cierre de las de la primera generación: Zorita, Vandellós I y Santa María de Garoña, se encuentran siete en actividad. Estas centrales generaron el pasado año el 19,57% de nuestra energía eléctrica, lo que representa la segunda fuente más relevante de producción en nuestro país. Estas son: Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II; que, transcurrido su periodo de vida útil de 40 años inicialmente aprobado, el Gobierno de España ha decidido su cierre definitivo, lo que representa un grave error.
«La mayor parte de coste del kWh de origen nuclear se debe a la amortización de la enorme inversión, del orden de 70% del total»
Está previsto que la primera en cesar su actividad sea Almaraz, lo que ha llevado, lógicamente, a manifestarse en contra de su cierre a casi todos los partidos políticos de la zona, así como a la sociedad civil; ya que provocaría un enorme empobrecimiento económico del entorno, e incluso generaría problemas de abastecimiento de energía eléctrica a Madrid.
La prolongación de la vida útil requiere de bajas inversiones adicionales, por lo que, al estar amortizadas las inversiones iniciales, generarían en España una energía eléctrica muy rentable, consecuencia tan solo de los costes de combustibles y de operación y mantenimiento. En efecto, la mayor parte de coste del kWh de origen nuclear se debe a la amortización de la enorme inversión, del orden de 70% del total; por lo que su coste es muy sensible al tiempo de explotación de la central y a los tipos de interés.
Por el contrario, si se duplica el coste del uranio, la repercusión final tan solo es del orden del 3%. En cambio, en las centrales térmicas, el coste del combustible representa del orden del 65% del coste final del kWh, por lo que es muy sensible a las subidas del precio del gas y petróleo; como hemos sufrido recientemente. Además, hay que reducir la excesiva fiscalidad que soporta, por penalizar no solo a esta energía, sino indirectamente a todo el sistema.
En definitiva, resulta fundamental garantizar el abastecimiento energético lo más rentable posible en todo momento y lugar, para poder mejorar nuestra competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos, por lo que la energía nuclear sigue siendo muy necesaria también para España, así como el resto de las energías que forman parte de nuestro mix energético.